El Ministerio de Interior y Policía defendió este martes el accionar de los agentes policiales que dispersaron con bombas lacrimógenas a diputados y manifestantes que se encontraban frente a la Suprema de Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República para instalar un campamento.

En un comunicado, Interior y Policía sostuvo este martes “que no se ha violentado derecho alguno de ningún grupo o conglomerado, pero afirmó que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución de la República y las leyes, sin violentar el derecho de los demás, el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de las instituciones”.

Consideró que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias “es un exceso que vulnera el orden público en una zona donde además de la Procuraduría General de la República, está la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones que verían afectadas sus actividades”.

En una declaración escrita, el Ministerio de Interior expresó que la instalación de la carpa como tenían planificado grupos de protesta “evidentemente habría afectado el tránsito normal de una avenida principal como la Jiménez Moya, así como el desenvolvimiento de los usuarios y funcionarios de la Procuraduría General de la República y de las múltiples instituciones oficiales que se encuentran en los alrededores de la Feria”.

Agrega que esa actividad habría trastornado también el orden y el derecho que a su vez tienen los demás ciudadanos de transitar por la vía pública sin mayores riesgos ni limitaciones.

“El Derecho constitucional en las protestas pacíficas por parte de cualquier ciudadano u organizaciones públicas, cívicas, religiosas y obreras es debidamente protegido por las instituciones gubernamentales cuando cumplan con el marco reglamentario correspondiente”, manifestó.

Pero aclara que estas siempre deben respetar el derecho de los demás ciudadanos transeúntes y las normas de convivencia civilizada, y agrega que “muestra de ello son los múltiples actos que diariamente se desarrollan en todo el país organizados por diversos grupos sociales, con los cuales oportunamente se coordina dicha protección estatal para evitar o minimizar los trastornos que se puedan generar durante o con motivo de la actividad”.

La Policía Nacional apresó ayer a un hombre de 27 años acusado de abusar sexualmente de una niña de 12, en un hecho ocurrido en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

William Rosa Reyna fue detenido por miembros de la Dirección de Investigaciones del municipio de Tenares.

Según el reporte preliminar, la violación ocurrió en un solar baldío próximo a la vivienda del agresor.

Rosa Reyna está bajo el control del ministerio público para los fines legales correspondientes.

El Senado de la República estudia varias modificaciones a la ley 163-03, que crea el Código del Menor, donde se establece prisión de seis meses más seis meses de privación de libertad domiciliaria, para los menores reincidentes por tercera vez en el consumo de alcohol, dentro o fuera de un establecimiento de expendio de bebidas.

Los que ingieran alcohol por primera vez serán sancionados con 60 horas de trabajo comunitario y no podrá obtener licencia de conducir hasta los 16 años, cuando sea menor; mientras que los que ingieran por segunda vez deberá cumplir con 120 horas de trabajo comunitario y no podrá obtener licencia hasta los 18 años. En caso de que la haya obtenido antes de la referida edad será suspendida la licencia de conducir por la dirección de Tránsito Terrestre, hasta cumplir los 18 años de edad, por orden del Ministerio Público de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas sanciones están contenidas en el artículo 414 que se agregaría a la referida ley.

El proyecto, de la autoría del senador Heinz Vieluf Cabrera, de la provincia Montecristi, establece que el Ministerio Público, deberá enviar a la Dirección de Tránsito Terrestre los registros donde se especifiquen los datos de quienes sean sancionados de manera restrictiva, para la obtención de las licencias de conducir, por visitar lugares donde se consuman bebidas alcohólicas o sean captados ingiriendo bebidas de cualquier área.

Tránsito Terrestre deberá activar un sistema donde se encuentren registrados los casos de los niños y adolescentes que incurran en faltas, por visitar lugares donde se consuman bebidas alcohólicas o sean captados ingiriendo bebidas en cualquier área, y se encargarán de negar la licencia de conducir de los que han violado las leyes o conceder las peticiones a los que respeten la prohibición de la ingesta de alcohol en cualquier lugar o establecimiento comercial.

El proyecto en el artículo 376 también establece que cuando el adolescente incumpla la sanción socioeducativa o de orientación y supervisión se hará efectiva la privación de libertad en un centro especializado.

El Ministerio de Defensa solicitó a principio de este mes de mayo al Poder Ejecutivo el ascenso y puesta en retiros de 590 militares, entre ellos el de 37 coroneles y 38 tenientes coroneles, lo que tendría un costo mensual de RD$11,125,641.20 (once millones ciento veinte y cinco mil seiscientos cuarenta y uno con veinte centavos)

Del Ejército de República Dominicana se solicitó el retiro de 336 miembros, de la Armada, 89; Fuerza Aérea 141; Ministerio de Defensa, 15 y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 9. La mayoría de las solicitudes se tramitan por voluntad de los interesados, otras por inhabilidad física, por edad y “por cancelación de nombramiento” .

Entre los que solicitaron su baja, de manera voluntaria, figura el coronel Williams G. Jiménez Polanco, exdirector general de la Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana, quien devenga actualmente RD$200.000, y quien recibiría el mayor monto de pensión.

Jiménez Polanco también ocupó la función, designado por decreto en el 2008, de asistente del agregado militar, naval, aéreo y policial de la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos.

Otros de los que serían más beneficiados con salarios son los coroneles, también del Ejército, Geraldin Rafael Jiménez Quezada, Sergio Wilfredo Ferreiras Guzmán, ambos con 120 mil pesos, cada uno; los generales Sucre Bolívar Mateo Lantigua y José Gustavo Ramón Rodríguez Mejía, con RD$100,000, y el general Héctor de Jesús Ymaya Ortiz, con RD$116,400. Estos cinco solicitaron su retiro de manera voluntaria.

No obstante, el coronel del Ejército Teódulo Diaz Pontier, con un salario de RD$37,000, solicitó su retiro por antigüedad en el servicio.

De la Fuerza Aérea, los coroneles Víctor William Acevedo Canela, Osvaldo Alfonso Ureña Reyes, Juan Francisco Polanco Figueroa (por inhabilidad física) y César Miguel Perdomo Acosta se irían de esa institución con RD$120,000.

En la solicitud al presidente Medina, con el oficio No.2263, del 02 de este mes de mayo de 2017, el Ministerio de Defensa dice que “solidarizándose este despacho con las recomendaciones que hace el presidente de la Junta de Retiros de la Fuerzas Armadas, para que el director general de Presupuesto apropie y asigne mensualmente la suma de RD$11,125,641.20 (once millones ciento veinte y cinco mil seiscientos cuarenta y uno (…) pensiones del Presupuesto vigente de este Ministerio para cubrir el pago de estos retiros con disfrute de pensión”.

No se ha podido confirmar si el presidente Danilo Medina ya aprobó la solicitud del Ministerio de Defensa.

Un comercian fue asesinado de un disparo por desconocidos, que tras el hecho cargaron con  una pistola y luego emprendieron la huida.

La víctima fue Raúl Marte Concepción, de 46 años, quien fue sorprendido cuando compartía con amigos en el sector Villa Progreso, del municipio Villa Hermosa.

Dos mujeres que se encontraban en el lugar resultaron heridas. Belkis María Mercedes y Meralis Vargas Rivera fueron trasladadas a los hospitales Doctor Francisco Gonzalvo y Arístides Fiallo Cabral del Seguro Social, donde reciben atenciones médicas.

Testigos del suceso indicaron que los dos hombres llegaron a una enramada, donde los amigos compartían, ubicada frente al Colmado González, e iniciaron los disparos que alcanzaron mortalmente al comerciante.

Marte Concepción era propietario de la tapicería “Hermanos Decoraciones”, en La Romana.

En el levantamiento del cadáver participaron el legista Benito Kelly, el fiscal adjunto Víctor Henríquez Gil y oficiales de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (DICRIN).